En diálogo con la Nota Stereo el Ingeniero Jesús María Rueda representante de ICM Ingenieros manifestó que la obra que adelanta la compañía se encuentra en un 99 porciento con BTA (base tratada con asfalto) correspondiente al carril occidental. Ésta Compañía es la responsable de adelantar la obra de reconstrucción de la carrera 15 de Zipaquirá en el tramo comprendido entre la EAAAZ y la calle octava en sus dos calzadas. De la calle cuarta a la calle primera ya se encuentra con las tres capas de asfalto y lista para ponerla en servicio en las próximas horas. En el momento se adelantan trabajos en la intersección de de la carrera 15 con calle sexta ya que el fin de semana todo el flujo vehicular de la calle cuarta será desviado por esta vía mientras se realizan arreglos en el cruce de la calle cuarta.
El Ingeniero Rueda manifestó también que antes de finalizar el presente año la obra de la vía y sardineles será terminada, aclarando que la adecuación del espacio público no le corresponde a su compañía. Descartó también rumores que el dinero para esta obra se haya terminado. Si esto fuera cierto ya nos hubiéramos ido, pero la administración municipal hasta el momento nos ha cumplido sin ningún problema. La demora en los trabajos fue que se debió construir primero el alcantarillado, además estabilizar el terreno que presentaba muchas fallas. En algunos tramos de la vía se encontraron toda clase de elementos como cajas, plásticos, latas, postes de concreto y hasta zapatos viejos. Esto estaba ocasionando algunos hundimientos en la calzada. Además cuando se iniciaron los trabajos el invierno impidió agilizar la obra. Indicó también que la siguiente fase de los trabajos del carril oriental o sur-norte se iniciarán en los próximos días entre la calle octava y la calle séptima C, para esto se habilitará el carril oriental en dos sentidos.

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Lo acompañó en la Fundación Buen Gobierno, en la campaña, en la gira por Latinoamérica antes de posesionarse y ahora en la Casa de Nariño.Fue en el carro hacia el Pedregal de San Ángel, al sur de Ciudad de México, rumbo a la casa de Gabriel García Márquez, donde sin más preámbulos el presidente Juan Manuel Santos le anunció que sería la secretaria del Consejo de Ministros. No pudo contener las lágrimas. Sin duda se trataba de un nombramiento muy significativo para su carrera política, que comenzó oficialmente el día en que fue electa edil de la localidad de Chapinero a los 23 años, pero que se inició desde que estaba en el Colegio Santa María y lideraba los programas de alfabetización, además de repartir volantes de sus candidatos favoritos durante las épocas electorales.

A los 33 años, no sólo ha probado las mieles de la victoria. Hace tres perdió las elecciones al Concejo de Bogotá en una contienda que sintió muy desigual debido a la exorbitante cantidad de dinero que había en muchas campañas. Ese día, 28 de octubre de 2007, volvió a llorar. “La desilusión era muy grande. Pensé que había ejercido una buena gestión y que vería los frutos. Perdí por 98 voticos”. El duelo sólo duró dos días y muy pronto estaba trabajando en la creación de un Observatorio de Juventud en Derechos Humanos para la Personería de Bogotá y en el tema de las barras bravas. Se sentía feliz, el amor había llegado a su vida y estaba segura de que pronto vendría algo grande. Y así fue.

Tan pronto renunció al Ministerio de Defensa, el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, la contactó. Hacía poco se habían vuelto amigos y él la quería a su lado, aunque aún no supiera a ciencia cierta si sería candidato o si impulsaría la segunda reelección del presidente Uribe. Se convirtió en su secretaria privada y en la persona que lo acompañó a recorrer algunas regiones del país con la intención de conocer las necesidades e inquietudes de la gente. “Él decidió crear un proyecto de gobierno sin saber si sería el suyo o el del presidente Uribe”.

A las pocas semanas los días de Cristina Plazas se convirtieron en extensas jornadas de más de 15 horas. Reuniones, viajes, discursos en plaza pública, entrevistas con los medios, comidas. Todo el tiempo estaba al lado de Juan Manuel Santos, era ella quien manejaba la agenda y sabía casi de memoria los lugares y las horas de cada uno de sus compromisos. “Fue una campaña muy bonita. Todos estábamos ahí por convicción y la pasamos felices”. Aunque no niega que hubo momentos de mucha tensión y cansancio. Empezaban a las seis de la mañana y a las dos de la madrugada todavía seguían trabajando. “El doctor Santos es una persona muy exigente, quiere que las cosas salgan perfectas; eso sí, no es un jefe bravo sino conciliador. Le gusta delegar y trabajar en equipo”.

El poco tiempo libre que le quedaba lo compartía con su novio, su mamá y sus tías. Esta joven abogada de la Universidad Javeriana adora estar en familia, aunque jamás rechazaría una noche de parranda y un aguardiente. Lo que sí no pudo hacer durante la campaña fue su actividad favorita: bucear. Y aunque probablemente ahora sus funciones en la Casa de Nariño tampoco le permitan hacerlo con la frecuencia que quisiera, espera volver pronto a las profundas aguas del Océano Pacífico a orillas del municipio de Nuquí, en donde los corales y los peces despejan su mente y fortalecen su espíritu.

Datos

Durante su período como concejal de Bogotá, Cristina Plazas Michelsen impulsó la creación del Instituto de Cultura y Turismo, hoy bajo el nombre de Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. En ese entonces Luis Eduardo Garzón era el alcalde de la ciudad y después de una gran batalla en el cabildo distrital logró que se aprobaran los recursos necesarios para el desarrollo de una entidad que se encargara de promover el turismo en Bogotá. No fue fácil, “recuerdo un año en el que me asignaron un presupuesto bajísimo con el que prácticamente era imposible trabajar. Tuve que pelear mucho para que éste aumentara”. Otra de las grandes satisfacciones que le quedaron de su gestión como concejal fueron los debates de control político al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por los retrasos en las obras.

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El 30 de junio de 1908, en los bosques del río Tunguska en Siberia, se produjo una violenta explosión. Un área de casi 2.200 km2 fue asolada, en su centro quedó todo calcinado y los objetos de metal, fundidos. Los árboles cayeron, y rebaños enteros de renos murieron. Sobre el fenómeno de Tunguska, como fue llamado después, se tejieron más de 30 hipótesis y teorías

Se dijo que pudo ser producto del choque de partículas de materia con antimateria, un agujero negro errante y hasta el accidente de una nave extraterrestre. Muchos años pasaron antes de que se supiera que la explosión de Tunguska se dio, por un objeto proveniente del espacio exterior.La historia la cuenta el astrónomo y director del Planetario de Bogotá, Germán Puerta, para explicar qué era esa ‘bola de fuego’, que obligó a mirar al cielo a algunos habitantes de Santander. Pero a diferencia de hace años, hoy según el experto, no será necesario esperar tanto para saber que lo que vieron y sintieron en Santander: se trataba de un meteorito.

Pero no es para alarmarse. “Todos los días entran cerca de 200 toneladas de materiales, restos de asteroides y de cometas, que ocasionalmente pueden estallar”. Y eso fue lo que pasó en la tarde del domingo.

Estalló. Y al romper con la barrera del sonido, causó un estruendo que hizo pensar a muchos en bombas y hasta en aviones accidentados. “Ocurre cuando son grandes y van a altas velocidades. 30 kilómetros por segundo, por ejemplo. Pasan la atmósfera, y por la diferencia de temperatura explota y genera un ‘boom’ sónico”.

Luis Núñez, físico y director del Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales, de la Universidad Industrial de Santander, UIS, coincide con Puerta. “Este tipo de eventos se dan con mucha frecuencia. Hay una cantidad de objetos danzando por fuera de la atmósfera, que de acuerdo con su tamaño pueden o no entrar. No hay manera de evitarlos ni interceptarlos.”.

Y todo es cuestión del azar. Así como explotó en Santander, pudo haber sido en cualquier otra parte del país. De hecho, horas después en algunas zonas del Valle y el Chocó ocurrió un estallido parecido.

“Puede estar relacionado. Es posible que se haya desintegrado en diferentes piedras y empiecen a explotar en diferentes partes”, dice el físico, quien reitera que no debe ser causa de alarma. “Todos los días caen toneladas. No quiere decir que estamos en el fin del mundo, como algunos ya están diciendo. Simplemente es una cuestión del azar”.

Valiosos fragmentos

Después de un día de búsqueda, no se ha recuperado ningún fragmento del elemento que estalló. Seguramente no se encuentre nunca.

“Si era metálico puede que se halle algo, pero si era rocoso pudo haberse fragmentado, y quedar hecho polvo”, señala Mauricio Puerta, quien también advierte que debido al valor comercial que tienen estas piezas, es posible que cazadores de asteroides las recuperen antes que los expertos. Por un kilo de este tipo de fragmentos, pueden ofrecer hasta dos mil dólares.

La posibilidad de encontrar alguna partícula también se hace improbable si se tiene en cuenta que “pudo haber estallado a 10 ó 15 kilómetros de altura, después de ir a una velocidad de cerca de 30 kilómetros por segundo”, dice Puerta, quien señala que de haber explotado en tierra, hubiera generado un gran cráter.

Hasta ahora, ni en Santander, ni en el Valle ni en el Chocó se ha precisado la zona exacta sobre la cual pudieron haberse dado las explosiones. Por eso hay que esperar. Pero no tener miedo. “En el mundo unas 20 veces por año se registra un meteorito con ‘boom’ sónico, lo que pasa es que el 70 por ciento se registra en océanos, por eso pasan inadvertidos”, asegura Mauricio Puerta, quien además advierte que “ser impactado por un meteorito es 10 mil veces menos probable que por un rayo”.

“Un espectáculo que nunca imaginé ver”

Sergio Rodríguez fue una de las personas que vio y, segundos después, sintió el estruendo que el domingo en la tarde le puso los pelos de punta a los habitantes de Santander.

“Estaba en un paseo, en una finca en el kilómetro 33 vía San Gil (Santander). Yo estaba en la piscina mirando hacia arriba, y vi pasar una bola que blanca, muy brillante con un final rojizo. Como a los 35 segundos escuché una explosión”, dice Sergio, quien al principio pensó que se trataba de un avión que se accidentó.

“Cuando buscamos en internet la noticia ya estaba. Y no dudamos que se tratara de eso que se decía, que se trataba de un meteorito. La imagen es muy bonita, es un espectáculo que nunca imaginé que podía ver, que uno cree que sólo puede conocer a través de los libros”.

Si hay un tema de la agenda pública que está obligando a las autoridades a repensar modelos de atención y a explorar estrategias para responder a nuevas exigencias, ese es el de la seguridad urbana. El desbordamiento de la violencia en Medellín, el auge del microtráfico, el regreso de las vendettas en Bogotá y la llegada de fenómenos delictivos asociados con la relocalización y el rearme de grupos de origen paramilitar en otras ciudades, ofrecen un escenario que trasciende el modelo de seguridad democrática del gobierno anterior.Todos estos flagelos y otros tienen que ver con la realidad de un país cada vez más urbanizado en el que el incremento poblacional de las grandes urbes está amarrado al dinamismo con que mutan los problemas de ayer. Donde había una zona relativamente apaciguada por el control de la fuerza estatal -o el de un agente extralegal- pueden existir hoy territorios en disputa que ponen en jaque a las autoridades locales.

Este nuevo desafío se presenta en Colombia en momentos en que Naciones Unidas aboga por un abordaje más amplio de la llamada seguridad. La idea es que ya no se refiera exclusivamente al control de los violentos, sino que incluya variables que van desde la nutrición del ciudadano (seguridad alimentaria) hasta su formación (seguridad educativa). En varios países existen, por ejemplo, ministerios de seguridad ciudadana y hay casos en América Latina (Brasil, Salvador, etc.) en los que la Policía está por fuera de la órbita del Ministerio de Defensa, con el fin de cumplir más a cabalidad con este tipo de cometidos. En Colombia el debate apenas empieza y es por ello que El Espectador reunirá este martes al comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo; al entrante director de la Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño; al director de Metroseguridad de Medellín, Jesús María Ramírez Cano; la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, y el secretario encargado de Gobierno de Bogotá, Andrés Restrepo, con el fin de escuchar sus planteamientos acerca de tan decisivo asunto.

Para el caso de la capital, las autoridades locales, la seguridad connota importantes retos en temas como control al microtráfico y la disminución de los casos de sicariato, un tema que, según las cuentas oficiales, registró una reducción de casi 300% en los primeros seis meses de 2010.

En el primer semestre de este año, según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACS, adscrito a la Secretaría de Gobierno), se registraron 1.306 muertes violentas en la ciudad, de las cuales 795 fueron homicidios, 30 más que en el mismo período del año pasado.

El general Patiño llega en momentos en que la Alcaldía aboga públicamente por la elaboración de una política nacional de seguridad urbana, un tema que el propio secretario Restrepo ha dicho es prioritario. Para él, “en Colombia, a diferencia de otras partes de América Latina, no hay una política nacional de seguridad ciudadana. Acá hay políticas urbanas de seguridad ciudadana, porque se han venido dando esos feudos de gestión institucional sobre seguridad”.

De los muchos problemas de seguridad y convivencia que se presentan en una ciudad con casi ocho millones de habitantes, a la que llegan diariamente, según algunos, más de un centenar de desplazados, uno de los más importantes es el microtráfico. Según Restrepo, este fenómeno es el responsable de la mayoría de los homicidios en la capital, que en 2009 ascendieron a 1.649, según Medicina Legal.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es la toma de la ciudad como escenario para la resolución de conflictos entre actores violentos provenientes de otros lugares del país. De acuerdo con Ramírez, en el 47% de los casos de homicidios que se registraron el año pasado las personas que fueron ultimadas no llevaban en la ciudad ni siquiera 72 horas.

Estos hechos hacen pensar al concejal Antonio Sanguino que en la ciudad persisten bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las Auc y que son responsables de “la alteración de los clásicos indicadores de seguridad en la capital”.

Uno de los temas que según Restrepo debería discutirse de cara a la formulación de esa política nacional de seguridad urbana es la revisión de las normas para ajustarlas a los escenarios cambiantes del crimen. “Esa política debe considerar si la normatividad vigente responde a las nuevas realidades. Nosotros pensamos que no: seguimos atascados en las discusiones sobre el Código Nacional de Policía, que es de los años setenta, y que contempla en su parte sancionatoria multas tan ridículas que, para quien esté metido en la ilegalidad, le resulta más barato pagar que hacer las cosas dentro del marco de la ley”.

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La iniciativa, que será radicada este martes en el Congreso, contempla multas que llegan a los 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Presidente anunció ‘guerra frontal’ a la corrupción.

El ambicioso paquete de medidas jurídicas y procedimentales que para combatir la corrupción en Colombia anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, incluye penas de prisión de hasta 18 años, impide que financiadores de campañas contraten con el Estado, y crea nuevos organismos para combatir este flagelo.En la actualidad, la pena más alta que establece el Código Penal para delitos relacionados con corrupción es de hasta 12 años por tramitar un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El estatuto anticorrupción aumenta el máximo de la pena por ese delito a 18 años y contempla una inhabilidad de hasta 19 años (actualmente es de 12).

La iniciativa, que será radicada este martes ante el Congreso, contempla cerca de 40 medidas para combatir la corrupción (ver recuadros), entre las que se cuenta la ampliación de términos para la prescripción de la acción disciplinaria (10 años para faltas leves y graves, y 12 años para las faltas gravísimas).

Durante la presentación de la iniciativa en la Casa de Nariño, el presidente Santos hizo un diagnóstico sobre cuánto le cuesta la corrupción a Colombia.

“El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción calculó que, si el presupuesto de inversión de la nación en el 2009 fue de 30 billones de pesos, por el sólo concepto de coimas (sobornos) el Estado perdería 3,9 billones, cifra similar a la calculada por la Procuraduría”, afirmó.

Santos aludió al desgreño en la administración de los recursos provenientes de las regalías. Recordó que, según los cálculos, “el dinero que se ha dilapidado de las regalías supera el billón de pesos”, situación que se refleja en que “de los 32 gobernadores elegidos en el 2007, ocho han sido suspendidos o destituidos por presuntos actos de corrupción”.

También dijo que la figura del Zar Anticorrupción “poco ha servido para establecer una política realmente eficaz, con resultados más contundentes, por lo que este rediseño se hacía imperativo”.

A la presentación del estatuto asistieron el vicepresidente, Angelino Garzón; el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago; el procurador general, Alejandro Ordóñez; la contralora general, Sandra Morelli; jefes y congresistas de varios partidos con asiento en el Congreso, y voceros de los gremios.

Penas altas y nuevos delitos

- El proyecto elevará las penas para delitos que afecten recursos de la salud.

- Se excluirán beneficios penales en las faltas contra la administración pública.

- Habrá dos nuevos agravantes a la estafa: uno relacionado con recursos públicos y otro con los de la salud.

- Se consagrarán como nuevos delitos la corrupción privada y la administración desleal.

- Además, se castigará al servidor público que, después de cometido el acto ilegal, le pida al particular algo a cambio. Esta falta será sancionada con multa y pérdida del empleo.

- Se creará el delito de fraude de subvenciones, en el que incurrirán quienes obtengan un contrato falseando las condiciones exigidas para ello.
Cambian tiempos en investigación

- Los términos de prescripción cambiarán: para faltas leves y graves de 5 a 10 años, y para faltas gravísimas se extiende a 12 años.

Las pruebas en las investigaciones sobre corrupción serán la confesión, el testimonio, la peritación y la inspección o visita especial. La indagación se cerrará cuando haya pruebas que permitan formular cargos o se haya vencido el término de la investigación.

Los fallos se dictarán dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento de los términos, para hacer los alegatos de conclusión.

Crearán Comisión de Moralización contra la Corrupción

Se establecerá la Comisión Nacional para la Moralización, la cual estará encabezada por el Presidente de la República.

Esta instancia coordinará acciones de diferentes organismos del Estado en la lucha anticorrupción y el intercambio de información para ello.

Adicionalmente, se constituirá la Misión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en la cual tendrán participación gremios, ONG, academia, sindicatos y medios de comunicación, entre otros.

Su principal función será hacer el seguimiento, la evaluación y las recomendaciones necesarias a las políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha anticorrupción.
Inhabilidades y más vigilancia.

Quienes hayan financiado campañas para Presidencia, gobernaciones o alcaldías no podrán contratar con entidades públicas.

Además, los funcionarios del Estado que dejen sus cargos tendrán que esperar 3 años para hacer contrataciones públicas.

Habrá un seguimiento de los anticipos que se les entreguen a los contratistas, con el fin de tener una garantía de que los inviertan en el objeto del contrato.

Quienes actúen como revisores fiscales en la contratación estatal tendrán que denunciar los actos de corrupción que se presenten en ella. Para facilitar esto, se levantará el secreto profesional. Si no lo hacen, podrán perder su tarjeta profesional.

‘Lobbystas’ tendrán límites

Habrá una ‘regulación general del lobby’, entendiendo que es una costumbre en los Estados modernos.

Como lobby o cabildeo se entenderá “aquel contacto de carácter personal y privado que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés” para la elaboración de actuaciones legislativas o administrativas.

Las oficinas públicas tendrán la obligación de llevar un registro de ‘lobbystas’, que serán aquellas personas que gestionen intereses particulares ante los funcionarios de las ramas ejecutiva y legislativa. En este registro, aparecerán las audiencias y reuniones que soliciten los ‘lobbystas’ o cualquier particular.

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BOLETÍN DE PRENSA
Medellín, 6 de septiembre de 2010

Mañana 7 de septiembre de 2010, en el marco de la Semana por la paz realizaremos el Seminario “Caminos de Reconstrucción Frente a la Violencia” el cual tiene por objetivo, proponer un diálogo entre diferentes instancias involucradas en la investigación, la atención y el acompañamiento de los afectados por las distintas formas de violencia en el contexto colombiano, para generar una reflexión en torno a posibles caminos para la reconstrucción subjetiva y social de quienes las han padecido de forma directa e indirecta.

Dicho conversatorio se llevará a cabo en el auditorio principal del bloque 19 de la Universidad de Antioquia a partir de las 8 a.m.
Como expositores del seminario tendremos a: Andrés Arredondo, Área de memoria histórica del Programa de atención a víctimas del conflicto armado de la Alcaldía de Medellín. Martha Nubia Bello, Investigadora del Área de Memoria Histórica- CNRR. Trabajadora social, Máster en Ciencias Políticas, Profesora Universidad Nacional, sede Bogotá. María Victoria Builes, Profesora Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Patricia Duque, Psicóloga, Coordinadora de posgrados de la FUNLAM. María Clara Miranda, Psicóloga. Jesús Abad Colorado, Comunicador Social, Integrante del Área de Memoria Histórica- CNRR, además de líderes de procesos con víctimas.

Mayor información: John Fernando Mesa, Coordinador para Antioquia de Redepaz, celular 3164281055

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¿Existe un modo objetivo de medir el estrés? Según revela un estudio de la Universidad de Western Ontario que se publica en la revista Stress, el análisis de un marcador biológico presente en el pelo muestra el estrés sufrido en los meses anteriores.Se trata del cortisol, una hormona cuya secreción es mayor durante los momentos de estrés. Tradicionalmente sus niveles se han medido en el suero, la orina y la saliva, pero estos análisis sólo muestran el estrés en un momento puntual. Sin embargo, el cortisol se captura también en el pelo y, según explica Gideon Koren, responsable del estudio, “de media, el pelo crece un centímetro al mes y si tomamos una muestra de pelo de seis centímetros de largo podemos determinar los niveles de estrés durante seis meses midiendo el nivel de cortisol en el cabello”.

Con esta técnica, los investigadores han podido hacer una evaluación exacta de los niveles de estrés en meses anteriores a un ataque cardiaco, proporcionando la primera evidencia directa de que el estrés crónico juega un importante papel en los problemas cardiovasculares.

En concreto, en el estudio, se recopilaron muestras de pelo de tres centímetros de largo de 56 hombres adultos del Centro Médico Meir en Kfar-Saba (Israel) que sufrían ataques cardíacos, así como de un grupo control sin problemas de corazón. Los niveles de cortisol en el pelo en los anteriores tres meses eran muy superiores en los pacientes de ataque cardíaco en comparación con el grupo control. Y la prevalencia de diabetes, hipertensión, tabaquismo y antecedentes familiares de enfermedad arterial coronaria no diferían entre los grupos, por lo que el contenido de cortisol en el pelo se presentaba como el predictor más fuerte del ataque cardíaco.

Si bien los estresores como los problemas laborales, conyugales y financieros se consideraban vinculados al mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, hasta ahora no se contaba con un marcador biológico para medir el estrés crónico.

Parte del emporio económico que forjó el señalado narcotraficante colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, a través de dos décadas ha sido objeto en los últimos meses de una agría disputa jurídica. A través de dos tutelas ex empleados y personas allegadas a Bermúdez trataron de levantar el embargo que pesa sobre bienes y sociedades de los que las autoridades tiene fundadas sospechas que en realidad pertenecen a alias El Arquitecto.Aunque por varios años se dio a conocer como un colombiano exitoso que vivía en México, el comienzo del fin para Bermúdez llegó el 24 de septiembre de 2007, cuando por fallas mecánicas se vino a tierra en la región mexicana de Yucatán una avioneta Cessna en la que se transportaban 743 kilogramos de cocaína. En desarrollo de la investigación posterior, un mes más tarde fue capturado su hijo Felipe Bermúdez Durán, quien vivía en un exclusivo sector del Distrito Federal.

El 2 de octubre siguiente alias El Arquitecto fue detenido en esa ciudad y de inmediato se conoció que era solicitado por narcotráfico por el Distrito Este de Nueva York. Ese hecho para las autoridades colombianas fue la confirmación de los indicios que habían recaudado por cerca de 20 años. Hijo de una mujer humilde que se ganaba la vida como empleada doméstica, Bermúdez logró convertirse en piloto comercial.

No obstante, al parecer sus habilidades las puso al servicio del cartel de Medellín en los años 80. Una vez esa organización fue desmantelada estrechó sus vínculos con Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño (uno de los jefes del cartel del norte del Valle, convirtiéndose en su punta de lanza en México y contacto con el cartel de Sinaloa. En Colombia, en abril de 2010, se inició un proceso de extinción de dominio contra empresas como Falcon S.A., Agroganadería Los Santos S.A., Agroespinal S.A. y Franzul, donde aparecen como dueños o accionistas ex empleados de Bermúdez. Como si fuera poco, en junio pasado la Dijín y la Fiscalía ocuparon cerca de 200 bienes en Colombia cuyo valor ascendía a los US$150 millones, que también formaban parte del conglomerado de El Arquitecto. Entre ellas estuvo la reconocida Hostería Llano Grande (localizada en las afueras de Medellín), sede de entrenamiento de la selección de fútbol de mayores durante varios años.

En respuesta vino la primera tutela contra del embargo. Fue interpuesta ante el juez 37 civil del circuito, Hugo Hernando Munévar, por Doris Patricia Sánchez Rivera, quien dice representar a Nora Mejía Arteaga, Jorge Hernández Mejía (quien fue conductor de El Arquitecto) y Édison Jair Henao. Mientras los dos primeros aparecen relacionados en la denominada Lista Clinton (que reseña los nombres de personas y empresas que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen supuestos vínculos con el narcotráfico), el tercero, según la Dirección Nacional de Estupefacientes, es empleado de Sánchez Rivera.

El juez respondió el 18 de mayo de 2010 dándole la razón a la tutela y ordenando la cancelación del embargo. La Fiscalía impugnó el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que lo remitió por competencia a la Sala Penal. El 30 de junio esa instancia revocó la decisión y dejó en firme la incautación de los bienes. Pero 15 días más tarde se presentó una idéntica tutela ante el mismo juez 37 civil del circuito que resolvió la primera. Extrañamente el funcionario, el 23 de julio de 2010, ordenó levantar de nuevo el embargo.

Acto seguido vino la actuación de la Fiscalía ante la Sala Civil del Tribunal, que contestó como la primera vez: que ese tema era competencia de la Sala Penal. Su respuesta está pendiente. En momentos que se discute una eventual reforma a la tutela, casos como este son ejemplo de la necesidad de reglamentarla. Así se evitaría que se convierta en un mecanismo que en vez de otorgar cumplida justicia, cause traumatismos y termine dilatando su propósito fundamental en favor de personas con amplios prontuarios criminales.

Redacción Judicial | EL ESPECTADOR

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En un barrio popular del oeste de Caracas, José chequea que la calle esté “despejada” de “sospechosos”, esto es antes de asomar la nariz fuera de su casa. Una vez fuera, camina con aire casual, pero a paso redoblado.Lleva el morral o mochila hacia adelante y lo abraza fuerte como a un bebé. Mira hacia atrás cada tanto, no sea que lo estén siguiendo. Sube a su auto y lo enciende sin demora; no abre las ventanas hasta salir de la zona.

José, que es taxista, no protagoniza una película de espías, ni se considera enfermo de paranoia.

En uno de los países más peligrosos de Latinoamérica (70 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, frente a los 32 que registró Colombia, según cifras oficiales), sólo dice actuar como la mayoría de los venezolanos para evitar al hampa.

Las estadísticas parecen estar de su lado: una encuesta reciente de la ONG Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Incosec, revela que para el 90 por ciento de venezolanos la inseguridad es la principal preocupación, seguida de lejos por el desempleo (45 por ciento).

El 95 por ciento de los entrevistados para la misma investigación dijo haber considerado si la ubicación de un empleo y el horario eran seguros antes de aceptar un trabajo.
Sigue su curso

El 77 por ciento aseguró haber cambiado sus hábitos de recreación para evitar al hampa. Números de otra ONG, el Observatorio de la Violencia, señalan que el 83 por ciento teme ser víctima de un incidente violento en el transporte público.

“La sociedad venezolana es una sociedad del miedo. Es algo que se refleja en el día a día”, dice el director del Incosec, Pedro Rangel.

En esto han coincidido portavoces oficiales, más allá del debate gobierno-oposición por las cifras de la violencia. En julio de 2009, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dio unas polémicas declaraciones en las que puso en duda los números, pero apuntó que era necesario “reducir la sensación (de inseguridad) que tiene el pueblo”.

Y sin embargo, sale y se oculta el sol y la vida sigue su curso sin que a muchos parezca impactarle particularmente la crónica roja de diario. “El venezolano se adapta y sigue viviendo. Y cruza los dedos para que no le pase nada”, declara Roberto Briceño León, del Observatorio de la Violencia, OVV.

José, por ejemplo, se considera un sobreviviente. Ha visto caer a amigos de la infancia, como “El Jordy”, un joven de 19 años que salió en los periódicos hace unos tres meses porque, no habiendo encontrado a la hermana de “El Oso” -otro criminal al que acusaba de matar a su hermano- asesinó a los abuelos de éste y de la joven, a quienes halló en la casa cuando fue a ejecutar su venganza. La chica, de 14 años, y un hermano menor se salvaron escondidos bajo una cama.

“Un día me lo encontré muy molesto porque la policía le había quitado una granada. ‘Me costó 12 millones de bolívares (algo más de 5 millones de pesos)’, me dijo. La había comprado en el mercado negro y la iba a usar en el funeral de los viejos”, relató.

El Jordy terminó bajo tierra poco después, por causa de otra rencilla con rivales.

El taxista dice que algunas de las estrategias clave son tratar a los “malandros” con cordialidad. “Si los cortas, piensas que les estás sacando el cuerpo (tratando de quitártelos de encima) y se ofenden”, dice.

Otra es mantener la boca cerrada: “si te preguntan si oíste de alguien que ‘cayó’ (fue asesinado), te haces el loco, nunca sabes quién te está escuchando, o quién es primo de quién”.

Medidas de seguridad

Después están las medidas de seguridad estándar. “Yo ya no salgo de noche. Trato de comprar lo que necesito abajo (en las calles principales), para no andar yendo a la bodega. Los viernes me compro mi gavera de cerveza y me la tomo en mi casa”, cuenta.

Otros optan por los centros comerciales, que se han convertido en los grandes núcleos de diversión en las zonas urbanas. Una realidad reconocida por portavoces oficiales, que insisten en la necesidad de “rescatar espacios públicos para el disfrute del colectivo”, como dijera este miércoles el vicepresidente Elías Jaua.

“Estamos inyectando una carga de vida al desarrollar tareas de prevención”, declaró al anunciar el despliegue de policías en estaciones del Metro de Caracas.

En cuanto a la protección del hogar, la vivienda de José está bloqueada por rejas y candados. Según una encuesta del oficial Instituto Nacional de Estadísticas (INE), divulgada el mes pasado, el 86 por ciento de los hogares aquí ha instalado algún sistema de “seguridad pasiva”. El 58 por ciento se decanta por la misma opción que el taxista, mientras que el 30 por ciento añade a la mezcla un perro guardián.

“No hay alternativa. Es una situación de guerra en la que no se puede detener la vida. Una manera de superar la angustia es hacer algo. La otra es inhibirse de hacer cosas (…). Se sobrevive con paranoia, que protege la vida y la salud”, es el resumen de Roberto Briceño León.

Así, José recoge y deja pasajeros en su compacto destartalado. Entre la luz roja y la verde, se “rebana los sesos” pensando en cómo rendir un microcrédito que recibió para montar un negocio. Se debate entre un pequeño restaurante o un lavado de motocicletas. Y mientras tanto, sigue “hablándole bien” a los “malandros”.

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